Las cartas de patrocinio, como una forma de garantía atípica en la práctica bancaria chilena, han sido estudiadas por la doctrina en cuanto a su naturaleza y efecto vinculante. Sin embargo, y a diferencia del derecho comparado, los tribunales chilenos no tuvieron ocasión de pronunciarse sobre la fuerza obligatoria de estos documentos hasta hace algunos años (2011). Analizaremos dicha sentencia para determinar cuáles fueron los criterios utilizados en ella, comentando los aspectos más relevantes de la decisión de la Corte Suprema, incluidos aquellos omitidos, y ofreciendo nuestras conclusiones sobre el particular.