La sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales las normas del proyecto de ley que fortalecía al SERNAC, referidas a la denuncia, mediación y conciliación individual dejó a este órgano sin una normativa expresa para tramitar reclamos y promover acuerdos entre consumidor y proveedor. Sobre la base de argumentos constitucionales, administrativos y regulatorios, el artículo sostiene que, a pesar de lo anterior, es posible que el servicio implemente, administrativamente, un mecanismo al efecto.