El control preventivo de legalidad, ejercido por la Contraloría General de la República a través de la toma de razón, no siempre se ha presentado en los términos en que actualmente es entendido doctrinal y jurisprudencialmente. Su alcance material ha sido objeto de evolución y no pocas controversias jurídicas y políticas. Este artículo expone la evolución jurisprudencial experimentada, entre 1970-73, en la extensión material dada al control de legalidad, a propósito de actos administrativos requisitorios dispuestos por el Gobierno de Salvador Allende. Así, desde una concepción restringida se ha pasado, en el período referido, a una concepción amplia, la cual se extiende a la calificación o ponderación de los antecedentes de hecho que fundamentan el acto administrativo.