Durante el último gobierno de la hegemonía conservadora (1926-1930) se agudizaron las huelgas y movilizaciones obreras, y el recién creado Partido Socialista Revolucionario empezó a ejecutar su “Plan Insurreccional” en Colombia. Según el Ejecutivo, todo esto hacía parte de la expansión de la Revolución Bolchevique y para enfrentarla lanzó una ofensiva jurídica y acciones represivas para contener al movimiento obrero, así como de toda organización política “socialista”. Una de las herramientas para tal propósito fue la ley 69 de 1928 o de Defensa Social, que se aprobó con la oposición de la minoría Liberal en el Congreso, temerosa de que aquella también se usara para reprimirlos. La llamada “ley heroica” establecía una férrea censura de prensa, convertía en delitos tanto a las manifestaciones públicas de protesta como “el provocar o fomentar la abolición o el desconocimiento, por medios subversivos, del derecho de propiedad y la familia”. El artículo reconstruye la trayectoria de la ley desde sus antecedentes hasta su modificación parcial en 1931, bajo el nuevo gobierno Liberal; la sitúa en su contexto político y además examina uno de sus más importantes diseños institucionales: los Jueces de Prensa y Orden Público.