En su reciente sentencia 1263/2018, de 17 de julio, el Tribunal Supremo español vino a afirmar el carácter obligatorio/vinculante de un dictamen emitido por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Además, el supremo órgano jurisdiccional español encontró una vía para ejecutar ese dictamen en el ordenamiento jurídico nacional. El presente trabajo pretende aportar algo de luz en el debate sobre la naturaleza jurídica y las posibilidades de ejecución de estas resoluciones, emitidas por los comités de derechos humanos en el marco de sus respectivos procedimientos de comunicaciones individuales.