La Corte Constitucional colombiana en la sentencia T-209 de 2019, determina la vulneración del derecho a la educación de estudiantes que debían atravesar un rio con caimanes y asistir a una escuela sin servicios de agua y electricidad. La Corte utiliza como fundamento de la violación, la vulneración de los componentes de accesibilidad material y disponibilidad de la educación, de acuerdo con la Observación General No. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en lo que se considera una manifestación de la técnica del «bloque de constitucionalidad». A su vez, para establecer las actuaciones a adelantarse por parte de las autoridades involucradas en la vulneración del derecho, la Corte hace uso de técnica de la «interacción significativa», a partir de la cual los distintos actores involucrados dialogan a fin de establecer las medidas más apropiadas para llegar a la satisfacción del derecho. Por su parte, la Corte Constitucional se encarga de controlar la plausbilidad de los acuerdos propuestos, garantizando la protección de los derechos, la separación de poderes y la sostenibilidad y legalidad del gasto público.