Según reportes internacionales, las personas de la diversidad sexual y afectiva (PDSA) constituyen aproximadamente el 10% de la población chilena. Sin embargo, el Estado ha legislado sobre la configuración de la familia y el reconocimiento de las relaciones de pareja y filiales solamente considerando a las familias conformadas por personas heterosexuales, generando complicadas tramas de acceso/limitación del ejercicio de derechos.