Entre fines de los ochenta y comienzos de los noventa tuvo lugar un importante debate sobre la política de protección infanto-juvenil de la dictadura, en un contexto marcado por la apertura democrática y por la influencia de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En este artículo se plantea que la infancia institucionalizada desempeñó un papel fundamental en dicho debate, pues las fugas y motines que protagonizaron, sostenidamente, evidenciaron la gravedad de los problemas que atravesaba el sistema de protección de menores, “aterrizando” una discusión esencialmente técnica.