El término Cloud Computing (computación en la nube) ha ganado creciente presencia y recordación en ámbitos académicos, tecnológicos y empresariales, como una nueva aproximación desde la perspectiva del concepto de “servicio”, para la adquisición, acceso, uso, gestión y desarrollo de herramientas de software que soportan todo tipo de tareas; a partir de la computación personal y de oficina (por ejemplo documentación en línea) hasta la gestión pública y las tareas críticas de procesamiento y almacenamiento de datos a escala empresarial. Para propender al acceso de esta clase de tecnología, la cual se destaca por ofrecer todos sus servicios de forma remota a través de esta analogía de “nube virtual”, es necesario tener a la vista que existen ciertas variables ineludibles de considerar a la hora de la elección y contratación de un proveedor para sus servicios, así como también diversas interrogantes vinculadas al uso de esta clase de tecnología. Estas son de carácter generales, pero en el caso de las instituciones públicas, estas singularidades se ven esquematizadas en base a legalidades y políticas generales que estas instituciones deben cumplir dado su estatus de públicas, además de sus políticas internas. Es por esto que este trabajo tiene por finalidad aclarar estas interrogantes, además de establecer las pautas que debiesen considerar los organismos públicos a la hora de la redacción y suscripción de los contratos de “cloud computing” en vista a la sensibilidad de los datos que manejan.