La incorporación de la mediación familiar como un trámite previo y obligatorio al proceso judicial ha generado una amplia discusión en la doctrina y en los operadores del sistema. Uno de los debates más interesantes es aquel que pretende determinar los efectos de la obligatoriedad tanto en los procesos mismos de mediación como en sus resultados. El objetivo de este trabajo es examinar las ventajas y desventajas que traen aparejadas las políticas públicas que incluyen la participación obligatoria en mediación y, en ese contexto, analizar la experiencia chilena en mediación familiar.