El “Estado Social y Democrático de Derecho” establecido en la Constitución Española está basado en los valores superiores de justicia e igualdad. La aplicación efectiva de estos valores nos orienta hacia políticas sociales, estructuradas en un sistema integral de protección social, eficientes en la medida que interpreten las normas en el marco del concepto sociopolítico de “Equidad”. La equidad como transposición del fundamento jurídico de justicia social ha sustentado el desarrollo tradicional del “Estado de Bienestar” de los países europeos junto con el de solidaridad intergeneracional. Los dos ámbitos del bienestar que han establecido claramente la equidad como principio básico de atención son el sanitario y el educativo. Tradicionalmente ambos ámbitos han desarrollado conceptualmente su atención a los ciudadanos teniendo en cuenta su estado de necesidad, mientras que los servicios sociales han mantenido acercamientos tímidos a la hora de centrar sus principios de intervención. El principio de intervención social con equidad nos permite un paradigma de asistencia social moderno basado en la atención integral de la ciudadanía a lo largo de sus ciclos vitales. Un sistema público de protección social universal no podría garantizar la igualdad de oportunidades sin políticas de atención social dirigidas a los ciudadanos con mayores necesidades sociales.