Este trabajo propone bases conceptuales para caracterizar dogmáticamente el secreto profesional del abogado. Argumenta que este es parte de un arreglo institucional mayor que busca permitirle al abogado acceder fluidamente a los hechos respecto de los cuales sus servicios son requeridos. Para entender cómo funciona ese entramado normativo es necesario distinguir el secreto profesional del deber de confidencialidad del abogado, por la vía de considerar al primero como una inmunidad procedimental que hace operativo el segundo frente a un requerimiento de información por el Estado. En la medida en que la inmunidad colisiona con el interés del Estado por acceder a los hechos necesarios para el ejercicio de jurisdicción, su ámbito de aplicación debe ser menor al del deber de confidencialidad