Las discusiones sobre asuntos religiosos han llegado con frecuencia a oídos de la autoridad civil. Tales discusiones se refieren, en muchas ocasiones, a cuestiones sobre la administración interna o las doctrinas de una cierta religión. Atendido que el derecho humano a la libertad de religión es muy relevante en este tipo de discusiones, suele suceder que la autoridad civil encargada de resolver estos asuntos sea un tribunal de garantías fundamentales. Es así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se vio llamado a decidir sobre el caso Martínez Fernández contra España, relativo a un profesor a quien se le impidió seguir enseñando religión católica en un colegio estatal, en virtud de la decisión adoptada por el obispo respectivo.