In this essay the author presents the need to assume a theory that demands legal debate as a means of legitimation in the proceedings of constitutional courts and tribunals, given they play an important role in the definition of legal conflicts and the assignment of rights. In this task it is important to identify the preconceptions that inarguably conform the judicial discretion that comes together with the constitutional judgment. The author identifies three "attitudes" or ideologies that condition the interpretations of the Constitution as a matter of fact: first, oriented to the accuracy to the text. Second, one that is skeptical in the face of the semantic limits. And third, an intermediare between both positions, as it accepts the text as a starting point of the whole process of constitutional argumentation, which must respond to the proposed problem, always searching for a rational result to a constitutional case where it is impossible not to consider the practical reasoning and the moral commitments. The author assigns a core role to the rational argumentadon theory.En el presente ensayo, el autor propone la necesidad de asumir una teoría exigente de argumentación jurídica como herramienta de legitimación en la actuación de los tribunales y cortes constitucionales, en un contexto en el que estos juegan un importante papel en la definición de los conflictos jurídicos y en la adjudicación de los derechos. En esta tarea, que no es solo de técnica jurídica, resulta de especial importancia identificar las preconcepciones o "precompromisos" que forman parte irreducible de la discreción judicial que acompaña a las tareas de adjudicación constitucional. En tal sentido, el autor identifica tres "actitudes" o ideologías que condicionan las concreciones interpretativas de la Constitución: una primera, orientada a la fidelidad al texto; una segunda, que expresa un escepticismo frente a los límites semánticos; y una tercera, que intenta intermediar entre ambas posturas, al aceptar el texto como punto de partida de todo proceso de argumentación constitucional que, no obstante, debe responder de modo central al problema planteado, buscando siempre una respuesta racional a un caso constitucional en el que no es posible prescindir de la razón práctica y de los compromisos morales. El autor asigna un rol central a la teoría de la argumentación racional en esta dirección.