Sin lugar a duda que el recurso de protección es la principal garantía jurisdiccional de tutela de los derechos fundamentales. En este contexto, se podría conceptualizar como la acción constitucional directa y extraordinaria que, generando un proceso autónomo y sumario, pone en movimiento las facultades jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia, con la finalidad de amparar, oportuna y efectivamente, los derechos constitucionales que garantiza la Carta Fundamental, restableciendo el imperio de la juridicidad constitucional, frente a las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias provenientes de la autoridad o de particulares, que produzcan una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales garantizados por esta vía.