One of the most troublesome aspects in the study of the so called "crimes against the public function" refers to its classification as crimes that require a special quality from the active subject: that of "public officer". This article scrutinizes the output of diverse responses provided throughout the Chilean doctrine to those cases were there exists more than one participant -alleged co-delinquency- when one (or more) meets the special characteristic entailed by the penal type and the other (or others) lacks it. It is postulated that no of the different dogmatic positions solves the problems that communicability poses. And as a result of this, the solution must be a reform with an establishment of a rule of penalty in the Criminal Law's General Part that forces or authorizes the judge reducing the penalty to the extraneus.Uno de los aspectos más problemáticos del estudio de los denominados "delitos contra la función pública" alude a su clasificación como delitos en que se exige una calidad especial al sujeto activo, la de "funcionario público". En el presente trabajo se somete a examen el rendimiento de las diversas respuestas que se han dado en la doctrina chilena a los casos en que existe más de un partícipe (supuestos de codelincuencia), reuniendo uno (o más) de ellos la característica especial exigida por el tipo penal y otro (u otros) que no la poseen. Se postula que ninguna de las diferentes posiciones dogmáticas soluciona los problemas que plantea la comunicabilidad. Y como consecuencia de esto, se cree que la solución debe encontrarse en una reforma consistente en un establecimiento de una regla de determinación de la pena en la Parte General que obligue o faculte al juez a rebajar la pena al extraneus.