Durante las últimas décadas se ha comprendido que el fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales ha de ser afrontado no solo por medio de la tipificación y posterior sanción penal de las conductas constitutivas del mismo, sino que además a través del diseño e implementación de las denominadas medidas de prevención. Este segundo enfoque consiste en la formulación de ciertos deberes que han de satisfacer distintos agentes del sistema económico y financiero, tales como bancos, casas de cambio, bolsas de valores, casinos, notarios, conservadores, empresas de leasing, empresas de transferencia de dinero, agentes de aduanas, entre otros. Ello con el encomiable propósito de impedir que los capitales provenientes de actividades ilícitas ingresen a dicho sistema y así lograr el debilitamiento de las organizaciones criminales. Es precisamente esta última perspectiva la que, de forma predominante, se aborda en la obra objeto del presente comentario.