En Chile, a la luz de lo señalado por nuestra Constitución las potestades normativas de los órganos del Estado no están totalmente estructuradas y delimitadas según lo indicado en el artículo 63, que establece las materias de ley, y el artículo 32 N° 6, que otorga la atribución administrativa al Presidente de la República de dictar normas de carácter infralegal, denominada potestad reglamentaria.