El problema de la corrupción se nos presenta, en la actualidad, como una cuestión de primer orden y especial importancia, que preocupa a gobiernos, autoridades y opinión pública en general, tanto en el ámbito nacional como internacional. Ciertamente no podría ser de otra manera, ya no sólo por lo extendidos que se encuentran algunos comportamientos corruptos de funcionarios públicos, por el perjuicio económico que ellos generan para la Administración pública y por la dificultad para controlarlos3, sino también por su virtualidad para minar gradualmente los pilares sobre los que se construye el sistema político que nos rige, en cuanto la corrupción constituye, precisamente, una desviación de aquél.