El Gobierno ha venido impulsando desde hace algún tiempo una reforma substancial al sistema de gobierno y administración interior del Estado, especialmente la de base regional, ello con el propósito de alcanzar mayores niveles de descentralización administrativa que impacten positivamente la eficiencia y eficacia de la acción de los poderes públicos, impulsen el desarrollo regional y aumenten la legitimidad de los órganos directivos regionales.