En España , los problemas jurídicos sobre el derecho a la vida no se han planteado en torno a la pena de muerte. La Constitución de 1978 cierra el debate en este tema al establecer en su artículo 15 lo siguiente: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra." La Constitución, por lo tanto, abole la pena de muerte e impide cualquier intento eventual de reinstaurarla, aunque la abolición puede ser exceptuada en las previsiones de las leyes penales militares para delitos cometidos por militares en tiempos de guerra que deban regirse por dichas leyes específicas. De hecho, el Código Penal Militar mantuvo la pena de muerte para conductas y circunstancias especialmente graves hasta 1995, en que fue también eliminada de aquél por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.