El modelo concesional minero vigente de raigambre constitucional, persigue definir jurídicamente los procedimientos y derechos que creen el marco de seguridad y certeza jurídicas suficiente para un adecuado desarrollo de la industria minera, dentro del contexto de los principios y valores asociados al desenvolvimiento de la economía plasmados en la Constitución de 1980, pudiéndose hablar hoy de un orden público económico minero. Este último estaría configurado por las especiales regulaciones de la actividad económica minera, adecuadamente conjugadas con el estatuto general de la economía en Chile, pese a ser el Derecho Minero particularmente diferencial en algunos aspectos fundamentales.