The ex officio court review (consulta) as a procedural requirement does not usually generate controversy, since at present its application is limited to a very low proportion of procedures within our legal system. However, since the enactment of Law Nº20,600 (2012) - where the obligation to raise certain sanctions applied by the Superintendence of the Environment for juditial review, is established - the purpose, scope and limits of this procedural institution has become a part of the legal debate. Beyond a recount of its application by the environmental courts and the problems that have been detected in these years, the objective of this work is to analyze whether this institution is justified from the perspective of the public interest involved in the application of environmental sanctions, concluding that it is an unnecessary procedure.La consulta como trámite procesal no suele generar mayor controversia, pues en la actualidad su aplicación se encuentra limitada a una muy baja proporción de procedimientos en el marco de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, a partir de la dictación de la Ley Nº20.600 (2012) -donde se establece la obligación de elevar en consulta ciertas sanciones impuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente- la finalidad, alcances y límites de esta institución procesal ha vuelto a ser parte del debate. Más allá de un recuento de su aplicación por los tribunales ambientales y los problemas que se han detectado en estos años de vigencia, el objetivo de este trabajo es analizar si esta institución se justifica desde la perspectiva del interés público involucrado en la aplicación de sanciones ambientales, concluyendo que se trata de un trámite innecesario.