En 1631 Felipe IV intentó añadir a su real patrimonio una nueva regalía, el monopolio sobre la producción del aceite de orujo. La creación de ese nuevo derecho se hizo invocando la suprema potestad del príncipe. El sistema foral valenciano se basaba en la necesidad de rey y vasallos de pactar y negociar los asuntos tocantes al establecimiento de leyes de carácter superior que favoreciesen la conservación de la república. En tal situación los representantes políticos de los vasallos tenían la facultad de controlar la actuación del monarca y velar porque el soberano cumpliese con los compromisos contraídos y con la legislación pactada. De modo que la imposición del nuevo arbitrio despertó la oposición de los representantes políticos del reino de Valencia que invocaron una serie de argumentos jurídicos que en su opinión limitaban la posibilidad del rey para crear nuevas cargas y tributos. En ese debate sobre la suprema potestad de imponer tributos y sus limitaciones y en qué ocurrió con el arbitrio que se trató de establecer en 1631 se centra este trabajo.