La relación entre el auto acordado y la ley, más allá de una relación entre normas, tiene un aspecto competencial relevante entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. La potestad normativa de la Corte Suprema, al no tener fijado constitucionalmente algunos de sus aspectos esenciales, ha dado pie a numerosas intromisiones en la reserva legal contenida en el artículo 63 de la Constitución Política de la República. El presente trabajo analiza en específico el Acta N° 54-2014, auto acordado que regula la tramitación electrónica en los tribunales con competencia civil, y su relación con el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, además de la legislación vigenteen materia procesal y la ley 19.799.