En este marco de eventos políticos y estéticos diarios, la idea de una convención que pudiera amalgamar, en un nuevo texto constitucional, parte de estas reflexiones y propuestas ciudadanas, parecía del todo deseable y necesaria para la mayor parte de la ciudadanía. Transformar las bases legales del actual arreglo institucional y desbaratar sus inequidades era una posibilidad casi palpable. De hecho, la convención instalada produjo un texto que promovía la suficiencia e igualdad de la ciudadanía en materia de protección y cuidado de la salud, previsiblemente capaz de integrar el sistema de atención, erradicar a las ISAPRE y sus lógicas mercantilizadoras del aseguramiento, fortalecer el sistema público e incluso priorizar temáticas presentes en las preocupaciones de la ciudadanía que participó de los cabildos, como la salud mental, neurodiversidad y discapacidad.