In a context of scarcity, where it is estimated that the urban population will be 66% by the year 2050, the process of urbanization of poverty has become one of the most significant challenges of the 21st century. In Latin America, 113 million people live in self-produced settlements and in Argentina, according to the latest update of the National Registry of Low-Income Neighborhoods, five million people live in the country's 5,687 popular neighborhoods. This article aims to analyze to what extent do public policies contribute or not to promote socio-spatial justice, according to Nancy Fraser's critical theory, in co-produced low-income neighborhoods in the Matanza Riachuelo hydrographic basin in the Autonomous City of Buenos Aires between the years 2016 and 2019. The results show that, in the majority of cases, families residing in these neighborhoods are the ones who have worked the hardest to promote socio-spatial justice. However, these efforts are not only unrecognized by the public administration, but also their representation in decision-making spaces has been hampered, and the redistributive practices and policies impeded.En un contexto de escasez, donde se estima que la población urbana a nivel mundial será del 66% para el año 2050, el proceso de urbanización de la pobreza se convertirá en uno de los retos más relevantes del siglo XXI. En América Latina, 113 millones de personas viven en asentamientos auto producidos y en Argentina, según la última actualización del Registro Nacional de Barrios Populares, cinco millones de personas habitan los 5.687 barrios populares del país. El objetivo de este artículo es analizar en qué medida las políticas públicas contribuyen o no a promover la justicia socioespacial, según la teoría crítica de Nancy Fraser, en los barrios populares coproducidos sobre la cuenca hidrográfica Matanza Riachuelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los años 2016 y 2019. Los resultados muestran que, en la mayoría de los casos, las familias residentes en estos barrios son quienes más han trabajado por promover la justicia socioespacial. Sin embargo, estos esfuerzos no sólo no son reconocidos por la administración pública, sino que además se impide su representación en los espacios de toma de decisiones, así como se impiden las prácticas y políticas redistributivas.