The Constitution is the fundamental norm that governs the relationships between the subjects who inhabit a community. One of the relationships it orders is the labor relations, whose dynamics are characterized by economic and social inequality that is legitimized by the legal system. This implies a particular analysis in the configuration of labor rights, but also in the interpretation of the rights and principles emanating from the constitutional text. This study proposes an analysis of the elements of the legal employment relationship that have constructed a labor legal system and a different vision in the application of fundamental rights and principles emanating from constitutional texts. Ideas are presented on the relevance of analyzing such protection from the Cuban Constitution in comparison with Chilean doctrine and jurisprudence, since the Chilean labor order has regulations that establish limitations on entrepreneurial powers in relation to fundamental rights, as well as specific protection procedures. In addition, there is a consolidated doctrine on the matter.La Constitución es la norma fundamental que rige las relaciones entre los sujetos que habitan una comunidad. Una de las relaciones que ordena son las relaciones de trabajo cuya dinámica se caracteriza por una desigualdad económica y social que es legitimada por el ordenamiento jurídico. Ello supone un análisis particular en configuración de los derechos en el trabajo, pero también en la interpretación de los derechos y principios que emanan del texto constitucional. Este estudio propone un análisis de los elementos de la relación jurídica de trabajo que han construido un ordenamiento jurídico laboral y una visión diferente en la aplicación de los derechos fundamentales y principios que emanan de los textos constitucionales. Se colocan ideas sobre la pertinencia de analizar dicha protección desde la Constitución cubana en comparación con la doctrina y jurisprudencia chilena ya que el orden laboral chileno cuenta con normativas que establecen limitaciones a los poderes empresariales frente a los derechos fundamentales, así como procedimiento de tutela específico. Además de una doctrina consolidada en la materia.