La idea fundamental es determinar si la fórmula tradicional de la división de poderes, ha sido un método eficaz para evitar la concentración del poder en una persona, uno de los fines principales de las democracias modernas latinoamericanas; generar políticas públicas adecuadas para el combate a la desigualdad social, disminuir la corrupción, entre otras tareas esenciales del Estado social y democrático de derecho; o son los derechos humanos el medio más adecuado que se tiene para controlar el poder en la actualidad, cuya garantía está en manos de los seres humanos al promover la exigibilidad, la cual no le corresponde de forma exclusiva a los órganos del Estado, sino también a un nivel complementario de carácter convencional, partiendo de la experiencia mexicana.