Frente a la regulación e interpretación de la ley universitaria peruana que precariza la situación laboral de los docentes de universidades privadas, se plantea un reexamen desde la Constitución. Se argumenta que el derecho a la estabilidad laboral de entrada, el principio de continuidad y el principio protector exigen causa objetiva para la contratación a plazo determinado. La ley universitaria no se encuentra al margen de la Constitución, por ello debe respetar el principio de reserva de ley y el principio de igualdad. Estos aseguran que no se anulen los derechos fundamentales de los trabajadores, ni se vacíen de contenido.