The development of new types of crime at a global and local level has prompted institutional responses from states in an effort to confront this threat. As part of these policies to strengthen public security, in the case of Chile, Law 21.542 was passed and entered in force in 2023, which modifies the Constitution to allow the protection of critical infrastructure by the military in the event of serious or imminent danger. That year, the bill that develops it was presented, establishing the criteria of criticality and impact and the liabilities of the owners of such infrastructure. This paper investigates the possible consequences of such special intervention, using the situation of critical infrastructure in terms of access to water and sanitation, as an exemplary case of an essential service for the maintenance of vital social functions. It explores the tensions between the assurance of essential services, the control of security threats and the effective enforcement of fundamental rights and freedoms, ending with a critical commentary on the approach of Chile's constitutional reform and critical infrastructure bill, which in the area of access to water incorrectly address protection measures, overlooking necessary measures to support the security of water and sanitation systems that are more vulnerable and susceptible to disruption.El desarrollo de nuevas formas de criminalidad, a nivel mundial y local, ha generado respuestas institucionales por parte de los Estados para intentar enfrentar esta amenaza. Como parte de estas políticas de fortalecimiento de la seguridad pública, en el caso de Chile, en 2023 fue aprobada y entró en vigor la Ley 21.542, que Modifica la Carta Fundamental con el Objeto de Permitir la Protección de Infraestructura Crítica por parte de las Fuerzas Armadas en Caso de Peligro Grave o Inminente. Ese mismo año, fue enviado al Congreso el proyecto de ley que la desarrolla y establece los criterios de criticidad, impacto y responsabilidad de los titulares de dicha infraestructura. Ante ello, este trabajo indaga en las posibles consecuencias de dicha intervención especial, utilizando como supuesto de análisis la situación de la infraestructura crítica en materia de acceso al agua y saneamiento, como caso ejemplar de servicio esencial para el mantenimiento de funciones sociales vitales. Se exploran las tensiones entre el aseguramiento de servicios básicos, el control de las amenazas de seguridad y la efectiva vigencia de los derechos y libertades fundamentales, para finalizar con un comentario crítico del enfoque de la reforma constitucional y proyecto de ley de infraestructura crítica de Chile, que en materia de acceso al agua canaliza incorrectamente las vías de protección y pasa por alto las necesarias medidas de apoyo a la seguridad de los sistemas de agua y saneamiento más vulnerables y susceptibles de interrupción.