La relación entre el derecho a la salud y a recibir una asistencia médica adecuada siempre ha sido un problema. No hay duda en cuanto a la existencia del derecho, pero hay disposiciones, como el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que relativizan el alcance de las obligaciones del Estado en esta materia. En general se afirma que no es posible satisfacer este derecho en forma completa. Con este punto de partida, se explora la regulación internacional de la salud, para pasar luego al estudio de la Constitución uruguaya y del seguro médico existente. En definitiva, para el caso en estudio, se cuestiona la mesura del artículo 26 y se concluye en que el Estado debe hacerse cargo de los medicamentos cuando el individuo no pueda afrontar su costo.