El proyecto (fallido) de nueva Constitución realizado entre los años 2020 y 2022, abordaba de manera enfática lo relacionado con los derechos sociales y, con ello, un importante cambio de paradigma, transitando desde un Estado subsidiario con tintes neoliberales a un Estado Social de Derecho, junto con todo lo que ello conlleva. Además, se plantea la problemática generada entre el reconocimiento de los derechos sociales y la administración de la economía fiscal.