Este artículo revisa el nacimiento de la delegación legislativa en Chile en un régimen constitucional que rechazó su inclusión el texto fundamental. La delegación de potestad legislativa al Presidente de la República surge en el contexto de la implementación de un orden presidencialista y de importantes demandas de reforma legal de origen social. Se inserta, asimismo, en el propósito de reorganizar y sistematizar el gasto fiscal. El análisis de las primeras leyes delegatorias revela la voluntad parlamentaria de autorizar el uso de potestad legislativa por parte del Presidente para la ejecución de su programa político en ámbitos real o aparentemente reservados a la ley. Sin perjuicio de un par de excepciones, el Congreso no encarga al Presidente la regulación de un área o materia determinada. Por lo mismo, puede concluirse que, en su origen, más que delegación de poder legislativo hay una autorización amplia para utilizar la potestad legislativa en materias de interés para el gobierno del Presidente Ibáñez.