Al dictarse la Ley N° 18.175, de 1982, y no habiéndose secadotodavía la tinta con que se redactó su texto, se reclamó a todasvoces que el legislador había privatízado la institución de laquiebra, lo que para algunos representaba la adecuación de laquiebra a las políticas económicas que imperaban en la épocay, por lo mismo, guardaba armonía con el significado de considerarlacomo un mecanismo de redistribución de un capitalmal explotado, al que había que reincorporarlo saneado a lamarcha económica nuevamente, para no sustraer recursos deltráfico de la riqueza.