El autor analiza dos documentos elaborados por la Comisión de las Comunidades Europeas, en aras de explorar los planteamientos sobre una posible armonización del Derecho contractual europeo. Un objetivo permanente de la Unión Europea es perfeccionar su mercado interior, donde la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales esté garantizada; sin embargo, se ha de considerar, que el intercambio de bienes y servicios se rige por contratos, por lo que los problemas relacionados con su celebración y ejecución podrían perturbar el correcto funcionamiento del mismo. Normalmente, los sistemas nacionales instituyen como principio angular del Derecho contractual el de la autonomía de la voluntad, pero cada contrato está regulado por normas y decisiones judiciales de un Estado miembro en particular. Por tanto, los diversos ordenamientos jurídicos nacionales, en principio, no plantean problemas, tanto en cuanto son las partes las que eligen la normativa aplicable al contrato; sin embargo, pueden surgir conflictos entre normas imperativas de un determinado Estado miembro y normas imperativas contradictorias de otra normativa nacional. Estos conflictos, sin duda alguna, pueden influir negativamente en las transacciones transfronterizas, los cuales tenderían a diluirse a medida que avance la discusión acerca de la armonización del Derecho contractual europeo.