En un contexto marcado por el fin de la dictadura, la transición democrática y a partir del estado del campo jurídico en Chile, el artículo analiza la trayectoria de los juristas que promovieron la reforma procesal penal y la estrategia que para este objetivo llevan a cabo. Estos agentes incorporan a representantes de los diversos intereses al interior del campo jurídico y, también como parte de esta estrategia, importan una expertise jurídica, brindándole de esta manera legitimidad política y técnica a sus propuestas. Esto, sumado al capital jurídico que adquieren en este proceso, permite que estos agentes puedan instalar su propuesta en la agendade reformas a la justicia durante la transición democrática. Finalmente, se observa cómo este capital y legitimidad, que son resultado de la interacción del nivel internacional y local, les permiten participar en la transformación y estructuración del emergente espacio regional de reformas de la justicia.