Desde 1990 se han mantenido políticas mineras que ceden la mayor parte del patrimonio nacional minero a intereses particulares. De las tres grandes opciones de política minera al respecto —expansión de la producción minera pública, gravamen de un justo royalty o subsidio implícito a la GMP— se ha privilegiado consistentemente aquella que menoscaba el bien común, heredada de la Dictadura. En 2005 comenzó la caudalosa hemorragia del patrimonio nacional minero y se legisló estableciendo un Impuesto Específico a la Minería (IEM), aparentemente destinado a recuperar parte del patrimonio minero. Sin embargo, el IEM establecido acabó garantizando la invariabilidad del subsidio implícito a la GMP, a cambio del pago de una parte ínfima del valor del recurso minero comercializado. En 2010 cuando —habiéndose ya prolongadopor varios años— la hemorragia era notoria, evidente e irrefutable, se aumentó el impuesto, pero sólo marginalmente y extendiendo a cambio or 6 años adicionales (desde 2018 hasta 2023) la vigencia de la garantía básica de invariabilidad del subsidio implícito otorgado a la GMP.