La contaminación de las aguas del río Cruces en la provincia de Valdivia, provocada por los vertidos de la planta de Celulosa Celco, y el desplazamiento de dos glaciales en la cordillera de la Tercera Región con el fin de explotar los recursos mineros del subsuelo, nos llevan a reflexionar acerca de la necesidad de evolucionar en materias territoriales. Por otro lado, la desafortunada actuación de los organismos gubernamentales en ambas oportunidades y en otras situaciones de similar alcance e impacto, nos lleva a cuestionar la débil institucionalidad medioambiental del país. La crisis de esta institucionalidad ambiental y la falta de rigurosidad técnica que queda en evidencia frente a los desastres provocados por el aparato productivo, nos lleva a proponer una institucionalidad que compatibilice los diferentes intereses y actuaciones que convergen sobre el territorio. Ello permitirá localizar las actividades productivas atendiendo más a las capacidades de acogida del territorio que a las facilidades de acceso a los recursos productivos o la disponibilidad de mano de obra, por ejemplo. Aspecto que si se hubiese tenido presente en el emplazamiento de la planta de Celco, hubiese evitado mucho de los problemas causados al sistema natural de la zona y a la propia entidad legal de la empresa.