El terremoto del 27 de febrero de 2010 demostró la urgencia que existe en materia de evaluación y predicción del comportamiento de edificios frente a sismos de gran intensidad, con el fin de prevenir desastres de gran proporción. Ello obliga a revisar la normativa chilena vigente, incluyendo consideraciones de orden ambiental y de desarrollo sostenible en los planos reguladores y estudios de mecánica de suelos, con el objeto de determinar un emplazamiento justificado de las construcciones. Esto es especialmente prioritario en el caso de edificios de uso público, emplazados en napas freáticas a escasa profundidad.