| dc.description | El 1 de enero del año 2006, entró a regir el impuesto especial o adicional a la renta operación de las empresas mineras, conocido como Royalty. Más allá de las diferentes formas en que fue técnicamente planteado, su discusión permitió observar algunas realidades anexas dignas de un análisis más detenido. La más relevante quizá haya sido el bajo apoyo ciudadano y político que concita la industria minera, a pesar de sus importantes e indiscutibles aportes económicos, el reconocimiento del cumplimiento de la ley y el pago de los impuestos que ella exige. En segundo lugar, mostró algunos mecanismos de nuestro sistema tributario general, especialmente notorios en sectores intensivos en el uso de capital, que permiten resultados complejos y difíciles de explicar a la ciudadanía, y de cuya existencia la industria minera no tenía responsabilidad alguna. La combinación de ambas situaciones, más la oposición ideológica e histórica a la minería, la puso en una frágil posición, que en buena medida explica la facilidad con que fue aprobado un tributo específico tan débilmente fundado. Sostenemos en este trabajo que en lugar del royalty, hubiese sido deseable implementar un plan perfeccionador general de la institucionalidad tributaria, que terminase con las opciones o alternativas tributarias (principalmente en depreciación), la desigualdad de trato ofrecidos a algunos contribuyentes (principalmente entre chilenos y extranjeros) y aumentase el bajísimo monto actual de las patentes mineras. Creemos que ellas ofrecían interesantes posibilidades que beneficiarían tanto a la institucionalidad minera como al sistema tributario general. Desgraciadamente, la ley del royalty, en vez de asumir esos puntos, crea una serie de excepciones, beneficios y situaciones especiales, de las cuales muchas buscaron atenuar los efectos negativos del impuesto, pero van en la dirección opuesta a lo propiciado por los autores, en cuanto a simplificar y homogenizar las normas de tributación en el país. | |
