El artículo plantea la cuestión acerca de si la ley penal chilena es suficiente para abarcar todos los casos de responsabilidad penal individual por un hecho colectivo reconocidos por el Derecho penal internacional. Al respecto se concluye que la remisión de la Ley N° 20.357 a las reglas generales del Código penal es insuficiente para lograr ese propósito. Al mismo tiempo, se propone una revisión de la actual tendencia a emplear conceptos tales como autoría mediata y de joint criminal enterprise, en vez de aplicar directamente las reglas del Derecho internacional que permiten la imputación a título de responsabilidad por el mando o del superior.