Uno de los logros más significativos que supuso la construcción del Estado de derecho europeo moderno fue el de la separación de poderes y el paulatino sometimiento de todos los poderes estatales al control de la jurisdicción. Sin embargo, en Chile aún no se puede obtener un resultado óptimo en esta materia. La Administración Pública en muchos casos continúa exenta de un completo control por parte de tribunales de justicia independientes e imparciales. En el presente trabajo el autor analiza las causas tanto históricas como dogmáticas de esta situación y propone ciertas soluciones para insertar a la Administración Pública chilena dentro de un Estado constitucional de derecho