Existen básicamente dos objeciones en contra de que las cortes hagan justiciables los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Según la objeción de incapacidad, los jueces no están institucionalmente equipados para conocer los complejos y policéntricos asuntos que están envueltos en los DESC. Por ende, serían incapaces de hacer justiciables los DESC. Conforme la objeción de legitimidad, los DESC se plasman a través de políticas públicas impulsadas por el Estado. Por eso, controlar los DESC implica controlar las políticas públicas, lo que vulnera el principio de separación de poderes. Eso es ilegítimo. Ambas objeciones han sido analizadas y discutidas en la literatura angloamericana y la conclusión es que ninguna de las dos constituye un obstáculo insalvable para impedir que los jueces puedan hacer exigibles los DESC. Por el contrario, existen poderosas razones para favorecer ese rol de los tribunales.