Con el afán de combatir la piratería y de mejorar la capacidad de generar innovaciones, se vienen ya desde algún tiempo impulsando políticas hacia mayores niveles de protección y resguardo de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, la importancia del dominio público parece haber caído en el olvido. Una extensión adecuada del dominio público reviste igual trascendencia como la adecuada protección de los derechos intelectuales, a la hora de asegurar incentivos para investigadores y creadores. Es por ello que se hace indispensable fijar un cuidadoso equilibro de la función individual y social de la propiedad intelectual, equilibrio que implica conciliar los intereses de titulares y usuarios.