En Chile, así como en otros países, se discute si es apropiado que las cortes hagan justiciables los denominados derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Se han dado diversas razones para justificar la oposición a tal justiciabilidad. Básicamente, las objeciones se pueden reducir a dos. En primer lugar, se ha dicho que los jueces no están institucionalmente capacitados para abordar los asuntos involucrados en los DESC, que son esencialmente políticas públicas, las que, por su naturaleza, implican complejos asuntos de administración. En segundo lugar, se ha dicho que los tribunales no tienen legitimidad para revisar y, eventualmente, dejar sin efecto o modificar las políticas públicas del Estado, bajo el pretexto de que están en juego los DESC. Este trabajo tiene por objeto explicar estas dos objeciones y cuestionar su mérito y alcance. Esto último se hace revisando literatura angloamericana, con la finalidad de demostrar que las objeciones antes mencionadas no representan una barrera infranqueable para que los jueces, dentro de ciertos límites, puedan proporcionar alguna justiciabilidad a los DESC.