El autor sugiere que el actual uso de ciertos "tests", estándares o parámetros de control que están siendo utilizados por el Tribunal Constitucional (TC) a la hora de efectuar el control de constitucionalidad de la ley, es un gran aporte de cara a fortalecer la revisión judicial de la regulación económica. Las bondades de esta metodología de control son diversas: objetiviza el control, eleva la fundamentación y calidad de las sentencias y aumenta la certeza jurídica. Con todo, el autor propone que es posible sofisticar el uso de estos instrumentos. Para ello, el autor confronta el uso que ha hecho el TC del principio de proporcionalidad y la expropiación regulatoria, con lo que han hecho sus pares español (Tribunal Constitucional español) y norteamericano (Corte Suprema), respecto de los mismos. Plantea que es todavía posible alcanzar mayores niveles de profundidad en el uso de estos tests, si se examinan la experiencia de ambos foros del derecho comparado.