El presente ensayo considera la claridad normativa como supuesto básico del Estado de Derecho. La promoción de la claridad normativa requiere, de acuerdo al autor, de la existencia de un sistema de separación institucional de poderes en el cual sean diferenciados los órganos llamados a dictar las normas de aquellos llamados a aplicarlas. De esta forma se protegerían los principios de irretroactividad, generalidad y conocimiento del derecho, todos ellos directamente vinculados al concepto de claridad. El autor plantea que esta concepción se opone a aquella que concentra en los jueces facultades legislativas y jurisdiccionales. La razón esencial de esta oposición es que las sentencias judiciales, en cuanto fuente de derecho, pueden generar espacios de incerteza y retroactividad, vicios ambos incompatibles con una sana concepción de Estado de Derecho