El presente artículo tiene por finalidad comentar un laudo dictado recientemente por un panel arbitral al amparo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Dicho fallo da cuenta del estado de la situación en materia de expropiación indirecta de inversiones extranjeras, enumerando una serie de criterios que comúnmente se ha utilizado para discernir cuándo se trata de un caso de ejercicio legítimo de los poderes de policía de los Estados, que permiten proteger sus intereses esenciales; o de una situación en que surge la responsabilidad del Estado por la conducta de sus entes regulatorios. Los parámetros analizados para determinar la responsabilidad del Estado por haber adoptado medidas que equivalen a la expropiación son: (i) la gravedad de las consecuencias; (ii) la extensión de los efectos; (iii) el carácter de las medidas; y (iv) la eficacia de las mismas.