La creciente tendencia hacia la desjudicialización de la ejecución ha generado una amplia discusión en la doctrina nacional. Uno de los debates más interesantes es aquel que pretende determinar si este proceso de racionalización de la intervención judicial es respetuoso de las normas constitucionales que regulan la función jurisdiccional. Examinar los argumentos a favor y en contra de esta postura y aquellos que justifican la desjudicialización de la ejecución en sistema nacional es el objetivo de este trabajo.